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Según la agencia de noticias Prensa Latina las denuncias por desaparaciones de nativos durante y tras la masacre de Bagua aun persisten.
La situación de unos 60 nativos desaparecidos tras los trágicos sucesos de la Amazonía peruana es uno de los principales temas recogidos por un relator de las Naciones Unidas en una visita a este país.
El caso fue planteado al relator de la ONU para Asuntos de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, James J. Lenoir Anaya, en la ciudad norselvática de Bagua, escenario de una operación policial contra una protesta nativa que terminó con 34 policías y nativos muertos.
El alcalde de Bagua, Luiz Núñez, dijo que suman 60 los indígenas no han retornado a sus comunidades desde ese día, según le informaron los apus (líderes) de la etnia awajún, que participó en los disturbios.
Núñez precisó que los apus hicieron un recuento de los comuneros retornados y comprobaron esas ausencias. Señaló que los desaparecidos podrían estar ocultos para evitar represalias policiales, pero también es probable que los hayan matado el 5 de junio.
Entretanto, el líder del opositor Partido Nacionalista, Ollanta Humala, ratificó la necesidad de un pleno esclarecimiento de los hechos de aquella jornada, en la que murieron 24 policías y 10 civiles, según cifra oficial.
Planteó crear una Comisión de la Verdad con participación de la Defensoría del Pueblo, la Iglesia Católica y otros sectores de la sociedad civil, para garantizar la imparcialidad de la pesquisa.
Sobre la creación de una comisión investigadora en el Congreso, señaló que este, de mayoría oficialista y conservadora, carece de confiabilidad, por tener responsabilidad en los hechos, al no haber atendido las demandas indígenas.
Humala dijo que, tras la anulación de los dos principales decretos de los nueve rechazados por la protesta indígena iniciada el 9 de abril, hacen falta además medidas de distensión como el cese de la persecución a los nativos.
Suscribió en tal sentido un pedido de los indígenas para que queden sin efecto las detenciones, órdenes de captura y juicios por diversos delitos contra dirigentes amazónicos, como el que obligó al líder nativo Alberto Pizango a asilarse en Nicaragua.
Por otra parte, 18 indígenas awajún detenidos el 5 de junio fueron internados en una cárcel de máxima seguridad de la ciudad selvática de Chachapoyas, acusados de matar policías durante el enfrentamiento desatado por una operación policial de despeje de una carretera.
Además un juzgado abrió un nuevo proceso por homicidio calificado contra Pizango y formuló el mismo cargo contra varios dirigentes, entre ellos Santiago Manuin, herido con ocho balazos y cuya inocencia fue acreditada por el primer ministro, Yehude Simon.
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