por Carlos Noriega
El antropólogo mexicano Rodolfo Stavenhagen, ex relator de las Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas, y la religiosa Elsie Monge, presidenta de la Comisión de la Verdad de Ecuador, estuvieron la semana pasada en Lima y en Bagua para indagar lo ocurrido durante el cruento enfrentamiento del gobierno contra los pueblos indígenas de la Amazonía. Se entrevistaron con las víctimas sobrevivientes de la represión policial, escucharon los testimonios de los indígenas sobre lo ocurrido en la “Curva del Diablo”, y también se reunieron con representantes del gobierno. Elaborarán un informe para la Federación Internacional de Derechos Humanos, el cual será entregado al presidente Alan García y también será hecho público. Este informe estaría listo en unos dos meses. En la siguiente entrevista ambos exponen sus primeras impresiones luego de terminada su visita de trabajo al Perú.
-¿Cuál es su impresión de lo ocurrido en Bagua luego de su visita a esta ciudad y de conversar con la población indígena y con las autoridades?
-Rodolfo Stavenhagen (RS): Mi impresión es que se va configurando un cuadro de muy serias violaciones de los derechos humanos, cometidss por el Estado en su tratamiento de las demandas de los pueblos indígenas.
Elsie Monge (EM): La causa de lo ocurrido es la no consulta a los pueblos indígenas de decisiones que los afectan.
-¿Cuál es su primer balance sobre el operativo policial del 5 de junio? -RS: Durante ese operativo se cometieron serias violaciones de los derechos humanos, porque se agredió a la población indígena pacífica y hubo muchos muertos. Los civiles han sido víctimas de una agresión armada por parte de las fuerzas del Estado. Nadie sabe cuántos muertos ha habido…
-Las cifras oficiales hablan de veinticuatro policías y diez civiles muertos.
-RS: Esa cifra oficial sobre civiles muertos está muy por debajo de lo que nos indican los testimonios que hemos recogido…
-¿Cuántos muertos estiman ustedes que ha habido?
-RS: Exactamente cuántos muertos ha habido nadie lo sabe, pero creemos que ha sido una cantidad significativamente mayor que lo que señalan las cifras oficiales. Un testigo me ha dicho que calcula haber visto treinta cadáveres. Aparte de los muertos, están los heridos. Las autoridades no han tratado de ver cuántos heridos hay. Tuve la oportunidad de entrevistarme con algunos de los heridos, y hay niños y niñas heridos; hay heridos graves. Y también hay desaparecidos.
-¿Tienen una cifra de desaparecidos?
-RS: No hay una cifra. Identificar a los desaparecidos es una tarea que hay que hacer. Las comunidades están elaborando listas de las personas desaparecidas.
-EM: Los testigos nos han dicho que la policía recogió cadáveres y no se sabe qué pasó con esos cadáveres. El hecho de que haya un mayor de la policía desaparecido nos parece un hecho revelador de que hubo más muertos que han sido desaparecidos. Este mayor posiblemente fue muerto por los indígenas y desaparecido por la policía. Hay testimonios que este mayor no estaba uniformado y habría sido desaparecido junto con otros muertos civiles sin saber que era policía.
-¿Han recibido denuncias de maltratos a los detenidos?
-RS: A algunos detenidos se les han levantado acusaciones que no están comprobadas. Hemos recibido los testimonios de familiares de los detenidos, que denuncian abusos físicos, presiones psicológicas, actitudes racistas contra los detenidos,
-EM: No hemos podido hablar con los detenidos en Bagua porque antes que lleguemos fueron trasladados a Chachapoyas. La coincidencia es demasiado grande. Ese traslado es inaceptable e ilegal, y afecta el proceso judicial
-¿Las acciones del gobierno posteriores a la matanza de Bagua han estado dirigidas a ocultar lo ocurrido?
-EM: La policía cercó el lugar durante varios días para que no ingrese nadie. Si no había nada que ocultar, entonces ¿por qué cerraron la zona durante cinco días? El ocultamiento de los hechos es uno de los mecanismos de la impunidad. Hacia eso se va. El Estado es el responsable de ese ocultamiento de la verdad.
-RS: Este ocultamiento de lo ocurrido genera responsabilidad en las autoridades. Y lo más importante es que si se oculta la verdad, se genera mucha frustración y mucha rabia entre la población. Y eso es una bomba de tiempo, y no me refiero solamente a los nativos, sino a la población en general, que en gran medida ha demostrado simpatía por la causa de los pueblos indígenas. Este ocultamiento de la verdad demuestra que hubo un patrón muy serio de violaciones del derecho a la vida y de todos los derechos que tienen los ciudadanos.
-Ustedes han conversado con varias autoridades, ¿qué han respondido frente a las denuncias de muertos no reconocidos oficialmente y desaparecidos?
-RS: No han dado ninguna explicación sobre eso. Nos han dicho que no tienen toda la información. Los funcionarios del gobierno con los que hemos hablado consideran que el asesinato de policías es un hecho delictivo demostrado y que va a ser perseguido. A lo demás tratan de no darle mucha importancia.
-¿Cómo aprecian el discurso del presidente García y de otros funcionarios del gobierno calificando a los indígenas desde “terroristas” hasta “ignorantes”?
-RS: Ese discurso que busca descalificar a los indígenas causa desasosiego, rabia y frustración. Es un discurso polarizante. Es un lenguaje que no debería tener lugar cuando se buscan soluciones a problemas económicos, sociales y políticos.
-¿Cómo ha quedado la imagen del gobierno peruano luego de estos hechos?
-RS: Su imagen se ha deteriorado considerablemente. Siento que eso el gobierno lo reconoce, porque el propio presidente ha pedido disculpas por los errores cometidos…
-¿Eso es suficiente?
-EM: Hay algunas rectificaciones, pero también hay señales negativas, como el ocultamiento de lo que pasó. Me parece fundamental que hayan admitido errores, pero hasta qué punto se va a tener una actitud de tomar en cuenta la vida, la cultura, los intereses del pueblo en general, y en este caso específico de los indígenas, todavía está por verse.
-RS: Pedir disculpas no basta. Hay que hacer justicia. Hay un patrón organizado de violaciones de derechos humanos y detrás de eso hay responsables.
-¿Hasta qué niveles del gobierno llegan esas responsabilidades?
-RS: Eso es lo que hay que investigar y la justicia debe determinar las responsabilidades. Pero vemos que no se está investigando. El Estado es el responsable de la decisión que produjo estos hechos. No sé exactamente a qué niveles se toman esas decisiones, pero probablemente sea a un nivel muy alto.
-¿Debe formarse una Comisión de la Verdad para investigar lo sucedido en Bagua?
-RS: Es posible que en nuestro informe recomendemos la formación de una comisión como la que usted señala.
No respetan derechos de los indígenas
-Después de haber dialogado con los indígenas, ¿cómo han percibido los sentimientos de esta población luego de lo ocurrido en Bagua?
-RS: La población se siente muy dolida, muy vulnerada en sus derechos, muy disminuida. Hemos escuchado testimonios realmente conmovedores, en los que una y otra vez las víctimas repiten: ‘no nos tratan como seres humanos, no nos tratan como ciudadanos peruanos que somos; nos tratan como terroristas, como salvajes, como bárbaros, como perros’. Aquel famoso comentario que hizo el presidente García sobre el perro del hortelano, los indígenas con los que hemos hablado lo perciben como un insulto racista.
-¿Cómo se sienten los indígenas frente al Estado?
-RS: Se sienten totalmente marginados e ignorados por el poder, menospreciados, insultados. La gente está muy molesta por lo ocurrido. Algunos funcionarios usan un discurso racista en su contra. El gobierno no ha tomado en cuenta los derechos legítimos de los pueblos indígenas de la Amazonía. El Estado le ha dado mucho apoyo a compañías extranjeras, sin tomar en consideración ni los derechos humanos de los indígenas ni las consideraciones ambientales.
-¿Hay una política institucionalizada en el Estado peruano de violaciones de los derechos de los pueblos indígenas?
-RS: Yo diría que sí.
-EM: Hay un desconocimiento de los pueblos indígenas. Muchas veces no se toman como derechos humanos, los derechos económicos, sociales y culturales, que son los que están en juego con estas leyes dadas por el gobierno peruano y ahora derogadas.
-El gobierno ha dicho que la protesta indígena ha estado promovida desde el extranjero y que los indígenas han sido engañados y manipulados.
-EM: Es muy fácil satanizar planteamientos contrarios, y eso es lo que se está haciendo. Están satanizando a los indígenas porque no están de acuerdo con el modelo de desarrollo que propone Alan García. Yo no encuentro ninguna base en esa afirmación de que detrás de esta protesta indígena existe una intervención extranjera.
No hay comentarios:
Publicar un comentario