Mientras el estado a través de Alan García se dedicaba a amenazar y provocar, incluyendo una arbitraria e inútil declaración del Estado de Emergencia en las zonas afectadas por el conflicto amazónico; las comunidades indígenas llegaron a un acuerdo con la Defensoria del Pueblo para dejar sin efecto el llamado a la insurgencia que se realizara el ultimo viernes 15 de mayo, con el compromiso de la Defensoria de revisar los decretos lesivos a los intereses de los pueblos amazónicos y la verificación de inconstitucionalidad de las mismas.
El papel pacificador de la Defensoria y la disponibilidad al dialogo de los ciudadanos indígenas demuestra una vez mas que este gobierno no ha aprendido nada en lo que es el manejo de los diversos conflictos sociales que aquejan el país y que en vez de eso prefiere apelar al no escuchar las voces que cuestionan sus políticas y responder con mano dura, maltrato y represión, lo cual demuestra una incapacidad gubernamental para atender demandas puntuales ignorándolas totalmente sumándole a esto reacciones propias de un autoritarismo cada vez mas evidente.
Los acuerdos alcanzados entre la defensoria del pueblo y el movimiento indígena ponen en evidencia que solo a través de compromisos concretos puede llegarse ala solución de demandas urgentes y concretas, pero esto implica por supuesto priorizar una voluntad de dialogo y no la sordera autoritaria al cual nos tiene acostumbrado este gobierno.
Los ciudadanos indígenas ratificaron una vez mas su voluntad al dialogo así como pidieron se deje sin efecto el estado de emergencia.
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