El Perro Maldito: 300 mil mineros realizan paro

lunes, 11 de mayo de 2009

300 mil mineros realizan paro

En protesta por los tratos inhumanos y la discriminacion mas de 300 mil mineros artesanales reaizaran un paro de 72 horas

Asi lo anunció la dirigencia de la Federación Nacional de Mineros Artesanales del Perú, que agrupan a mineros no reconocidos por el Ministerio de Trabajo a pesar de ellos pagar sus impuestos.
Incluso existe un decreto; la DS 005-2009-EM que autoriza embargar sus herramientas de trabajo, atentando contra la subsistencia e integridad física de los mineros.

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Torrentes de sangre en el Amazonas

A comienzos de junio, el presidente peruano Alan García, un aliado del presidente norteamericano Barack Obama, ordenó a camiones antimotines, helicópteros de combate y centenares de compañías de armamento pesado atacar y dispersar una protesta pacífica y legal organizada por los miembros de comunidades indígenas de la selva peruana, quienes protestaban contra la entrada de compañías mineras transnacionales en sus tradicionales tierras natales. Docenas de indígenas fueron asesinados o se encuentran desaparecidos, muchos fueron heridos y arrestados, así como varios policías peruanos, mantenidos como rehenes por los protestantes indígenas, fueron asesinados durante el asalto. El presidente García declaró la ley marcial en la región para imponer su unilateral e inconstitucional mandato en el que otorga los derechos de explotación minera a las compañías extranjeras, las cuales infringen la integridad de las tradicionales comunidades indígenas del Amazonas.

Alan García no es un desconocido en lo que se refiere a masacres promocionadas por el gobierno. En junio de 1986, ordenó a los militares bombardear las prisiones capitalinas, las cuales albergaban centenares de prisionero políticos que protestaban contra las condiciones de encarcelamiento (el resultado fue de más de 400 víctimas “oficiales”). Tiempo después, oscuras fosas comunes revelaron docenas de muertos. Esta notoria masacre ocurrió mientras García auspiciaba una reunión de la, así llamada, “Internacional Socialista” en Lima. Su partido político – APRA (Alianza por la revolución americana) -, miembro de la “Internacional”, fue de estas tendencias “nacional-socialistas”, frente a cientos de funcionarios social-demócratas europeos. Acusado de apropiación indebida de fondos gubernamentales y de entregar en 1990 su despacho con una tasa de inflación de casi 8000%, aceptó apoyar a Alberto Fujimori, entonces candidato presidencial, a cambio de amnistía. Cuando Fujimori impuso una dictadura en 1992, García se auto-exilió en Colombia y, posteriormente, en Francia. Regresó el 2001 cuando prescribieron los cargos de corrupción que se le imputaban y Fujimori era obligado a dimitir entre acusaciones de haber organizado escuadrones de la muerte y espiado a sus críticos. García ganó las elecciones presidenciales del 2006 en una segunda vuelta contra el candidato nacionalista pro-indígena y ex-oficial del ejército, Ollanta Humala, gracias al financiamiento y apoyo mediático de sectores de la derecha limeña, oligarquías de orígenes étnicos europeos y agencias americanas de “cooperación” transoceánica.

De regreso en el poder, García no dejó duda alguna acerca de su agenda política y económica. En octubre del 2007, anunció su estrategia para colocar a las compañías mineras transnacionales en el centro de de su programa de “desarrollo” económico al mismo tiempo que justificaba, bajo el rótulo de “modernización” la reubicación de los pequeños productores de comunidades y pueblos indígenas.

García hizo aprobar leyes congresales acordes con el “Tratado de libre comercio para las Américas” (ALCA) promovido por USA. Perú fue uno de los tres únicos países latinoamericanos que apoyaron la propuesta americana. Él abrió su país al saqueo sin precedentes de sus recursos, mano de obra, tierra y mercados a manos de las transnacionales. Esto fue una violación del acuerdo negociado en la Organización Internacional del Trabajo (1969) que obligaba al gobierno peruano a consultar y tratar con los habitantes indígenas la explotación de sus tierras y ríos. Bajo esta política de apertura, el sector minero de la economía se expandió con velocidad y obtuvo enormes beneficios de los, sin precedentes incrementos mundiales en los precios de compra, así como del crecimiento de la demanda asiática (China) de materias primas. Las corporaciones multinacionales fueron atraídas por las bajas tasas corporativas peruanas, los pagos de regalías, el casi libre acceso al agua y las baratas tarifas eléctricas subsidiadas por el gobierno. La aplicación de regulaciones ambientales fue suspendida en estas regiones, frágiles ecológicamente, llevándolas a extendidas contaminaciones de ríos, agua subterránea, aire y suelos en las aledañas comunidades indígenas. Los tóxicos de las operaciones mineras acabaron en matanzas masivas de peces e inutilizaron el agua para el consumo humano. Las operaciones diezmaron los bosques tropicales, minando de ese modo los medios de vida de cientos de miles de aldeanos comprometidos con el artesanado tradicional, la recolección forestal de subsistencia y otras actividades agrícolas.

Las utilidades de la bonanza minera acaban, inicialmente, en manos de las compañías transoceánicas. El régimen de García distribuye las rentas del estado a sus simpatizantes, entre los que se encuentran los especuladores financieros e inmobiliarios, importadores de bienes de lujo así como compinches políticos de los exclusivos, amurallados y altamente custodiados barrios limeños y country-clubs. Así como los márgenes de utilidad de las multinacionales alcanzaron un increíble 50% y las ganancias gubernamentales excedieron el billón de dólares, las comunidades indígenas carecieron de vías pavimentadas, agua potable, servicios de salud y escuelas. Peón aún: experimentaron un veloz deterioro de sus vidas cotidianas a medida que el influjo del capital minero condujo al incremento de los precios de medicinas y alimentos básicos. Incluso el Banco Mundial en su Reporte Anual del 2008 y los editores del Financial Time de Londres instaron al régimen de García a confrontar el creciente descontento y la crisis entre las comunidades indígenas. Delegaciones de comunidades indígenas viajaron a Lima para entablar un diálogo con el Presidente y pedirle que se ocupe de la degradación de sus tierras y comunidades. Los delegados fueron recibidos a puertas cerradas. García manifestó que “el progreso y la modernidad provienen de las grandes inversiones realizadas por las multinacionales… (y no de) los pobres campesinos que no tienen un centavo para invertir”. Él interpretó los llamados a un diálogo pacífico como signo de debilidad entre los habitantes indígenas del Amazonas e incrementó, en consecuencia, sus subvenciones a las concesiones de explotación entregadas a las corporaciones multinacionales para que continuaran adentrándose en la selva. Cortó virtualmente toda posibilidad de diálogo y acuerdo con las comunidades indígenas.

Las comunidades indígenas del Amazonas respondieron formando la Asociación Inter-étnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP). Celebraron protestas públicas durante siete semanas que culminaron en el bloqueo de dos autopistas internacionales. Esto encolerizó a García, quien se refirió a los manifestantes como “salvajes” y “bárbaros” y envió a unidades de policías y militares para ahogar la acción popular. Lo que García descuidó fue el hecho de que una significativa proporción de los indígenas de estos pueblos sirvieron como reclutas del ejército y combatieron en la guerra de 1995 contra Ecuador mientras otros fueron entrenados en organizaciones comunales de autodefensa. Estos veteranos combatientes no fueron intimidados por el estado de terror y sus reacciones a los iniciales ataques policiales que terminaron con heridos de ambos lados, es decir, policías e indígenas. Entonces, García declaró “guerra a los salvajes” mediante el envío de armamento pesado, helicópteros y tropas blindadas con orden de “disparar a matar”. Los activistas de AIDESEP reportaron más cien muertos entre los que se cuentan protestantes indígenas y familiares de éstos: los indígenas fueron asesinados en las calles, en sus casas y en sus lugares de trabajo. Se sospecha que los restos de numerosas víctimas fueron arrojados en quebradas y ríos.

Conclusión

El régimen de Obama, previsiblemente, no emitió juicio alguno de inquietud o protesta frente a una de las peores masacres de civiles peruanos en esta década (perpetrada por uno de los aliados más cercano a los americanos en el sur del continente). García, durante sus conversaciones con el embajador norteamericano, acusó a Venezuela y Bolivia de instigar el “levantamiento” indígena y citó como prueba de sus acusaciones una carta de apoyo del presiden boliviano Evo Morales a la Cumbre Intercontinental Indígena que tuvo lugar en Lima. Se declaró la ley marcial y toda la región amazónica peruana se encuentra cubierta por militares. Los mítines fueron prohibidos y los familiares de los desaparecidos están impedidos de buscarlos.

En toda América latina, las más importantes organizaciones indígenas han expresado su solidaridad con los movimientos indígenas peruanos. En Perú, los movimientos sociales, sindicatos y grupos de defensa de derechos humanos organizaron una huelga general el 11 de junio. Temiendo el despliegue del descontento general, “El Comercio”, periódico conservador limeño, advirtió a García que adoptara medidas conciliatorias para impedir un levantamiento urbano general. El 10 de junio fue declarada una tregua de un día, pero las organizaciones indígenas rechazaron ponerle fin al bloqueo de carreteras hasta que el Gobierno de García rescindiera sus ilegales decretos de cesión de tierras.

Entretanto, un extraño silencio se cierne sobre la Casa Blanca. Nuestro habitualmente dicharachero presidente Obama, tan afecto a recitar lugares comunes acerca de la diversidad y la tolerancia así como a elogiar la paz y la justicia, no puede encontrar una sola frase dentro de su preparado guión para condenar la masacre de legiones de indígenas en la amazonía peruana. Cuando egregias violaciones de derechos humanos son cometidas en América latina por un “presidente-cliente” apoyado por USA, que sigue las fórmulas de “libre mercado” dictadas por Washington, la liberalización de leyes ambientales y hostigamientos en contra de países anti-imperialistas (Venezuela, Bolivia, Ecuador), Obama prefiere la complicidad a la condena.

Entrevista al lider indígena awajún Salomón Aguanash

La muerte de policías en enfrentamientos con nativos en la región peruana de la Amazonia fue un "genocidio" a manos de "salvajes extremistas", acusó el gobierno. Pero el awajún Salomón Aguanash rechaza los calificativos y afirma que la violencia se desató tras ser engañados y rodeados para matarlos.

Aguanash, presidente del comité de lucha regional que lideró las acciones en Bagua, dice que el jefe policial de la zona, Víctor Uribe, se comprometió la noche anterior al trágico viernes 5 de este mes a dar una tregua a los manifestantes hasta las 10 de la mañana y que, cuando los indígenas se preparaban para retornar a sus pueblos, comenzó el ataque en la llamada Curva del Diablo.

Los disparos se iniciaron al promediar las 6 de la mañana desde las quebradas aledañas mientras los indígenas permanecían vigilantes en la carretera, narra el líder de la comunidad de Nazareth, ubicada a tres horas y media de viaje en automóvil desde la ciudad de Bagua, en el departamento nororiental de Amazonas.

"Querían sorprendernos", asegura, tras señalar que el ataque policial también ocupó a tres helicópteros.

La información oficial indica que murieron 24 policías en los enfrentamientos del día 5 en la Estación Número 6 del Oleoducto Norperuano de Petroperú y en la Curva del Diablo en la ruta Fernando Belaunde Terry, mientras que las víctimas indígenas fueron cinco, pero los manifestantes sostienen que fueron muchos más y por eso siguen buscando cuerpos.

Los aborígenes reclaman la derogación de las llamadas "leyes de la selva", decretos legislativos que promueven la explotación de recursos naturales en territorios selváticos que, a su juicio, favorece la presencia de empresas transnacionales en su perjuicio y de la región.

IPS: Usted asegura que la policía les dio una tregua que no cumplió. ¿Cómo fueron las negociaciones antes que empezaran los enfrentamientos?

SALOMÓN AGUANASH: La semana anterior a esos enfrentamientos tuvimos una reunión con el general Víctor Uribe, el representante de la Defensoría del Pueblo y los alcaldes de Condorcanqui, Jaén y Bagua Chica porque en los últimos cinco días habíamos vivido mucha tensión con los conductores de vehículos que eran detenidos en el bloqueo carretero.

El general nos dijo que facilitáramos el tránsito para demostrar al gobierno (nacional de Alan García) que era una marcha pacífica. Por ello aceptamos y ese día se dio pase a los vehículos entre las 2 y 6 de la tarde.

Hasta ahí hubo entendimiento, pero a pesar que se dijo que el diálogo iba a ser permanente con la policía, luego no pudimos conversar con el general hasta cinco días después.

Quedamos para el jueves 4 a las 3 de la tarde, pero como a la reunión en El Reposo se aparecieron casi 7.000 personas, se postergó la reunión para las 6 de la tarde en el campamento El Valor de Petroperú. Ahí solo fuimos una comitiva pequeña.

IPS: ¿A qué se comprometió el general Uribe en esa reunión?

SA: Primero nos dijo que él no tenía más tiempo, porque estaba fuera de su nivel y que arriesgaba su cargo ya que había recibido orden superior. Y dijo que había escuchado por la radio que había orden de desalojo y que lo único que le interesaba hablar en la reunión era sobre el pase de los camiones.

Si no salíamos de la carretera, iba a aplicar la orden en la mañana. Por eso es que le pedimos que nos dé una tregua hasta las 10 de la mañana. Él dijo que ya, que confiáramos en su palabra y que, si él no daba la orden, los equipos que estaban allí no podían dar ni un paso.

El alcalde y el obispo de Jaén le dijeron que no provoque a los pueblos indígenas porque podía haber derramamiento de sangre. Entonces, el general aceptó la tregua.

IPS: ¿Por qué no se alistaron para retirarse cuanto antes?

SA: En la Curva del Diablo había más de 3.600 concentrados y debíamos conseguir movilidad, camiones. Esa era la estrategia, no crear nada de violencia. Como a las 5 de la mañana no pasaba nada, nosotros nos confiamos. Pero a eso de las 05:50 horas empezó a aparecer mucha gente por los cerros.

Los compañeros empezaron a subir y a gritar: ¡es la policía, es la policía! Entonces llamé al (teléfono) celular del general para que no haya mayor violencia, pero no respondió.

Mientras tanto los policías seguían saliendo del cerro y empezaron a disparar. Nos rodearon, querían sorprendernos. En ese momento cayeron dos hermanos. Ahí se levantó el hermano Santiago Manuim (reconocido dirigente indígena del Alto Marañón) para pedirle a los policías que no disparen, pero una bala le cayó en el estómago.

IPS: ¿Es verdad que el disparo contra Manuim exacerbó los ánimos de los indígenas y esto los llevó a atacar a los policías?
SA: Los hermanos empezaron a atacar a los policías cuando vieron a los dos primeros muertos. Luego de los disparos por los cerros, llegaron a los 10 o 15 minutos tres helicópteros, uno de las Fuerzas Armadas y dos de la policía, desde donde disparaban bala directo al cuerpo. No sólo lanzaron bombas lacrimógenas sino también unos aparatos que empezaban a encender fuego en los cerros. Si miran las fotos, los cuerpos están quemados.

En ese momento hubo dos tipos de reacciones: algunos que se entregaban a morir y otros que respondían con mucha cólera con sus lanzas. La gente empezó a correr y a dispersarse para salvar su vida, quién sabe si esas balas de los helicópteros le cayeron a los mismos policías.

Al rato, dos tanquetas de la policía empezaron a disparar desde la carretera. Si la policía quería desalojarnos, porque desde el principio no vinieron por ahí y prefirieron sorprendernos por los cerros. La orden era matarnos.

IPS: ¿Quién tiene la culpa de lo sucedido?

SA: El gobierno central (de García), Mercedes Cabanillas (ministra del Interior), el premier Yehude Simon y también el general Uribe porque me pidió que manejara la situación con inteligencia y yo acepté desalojar la zona pero él no cumplió.

Incluso esa misma noche del jueves yo regresé a hablar con los hermanos y conversamos con los de los camiones para que se pusieran en orden porque al día siguiente íbamos a dar pase (al tránsito carretero). Nosotros calculábamos que nos íbamos a ir entre las 8 y 9 de la mañana.

IPS: ¿Es posible que sólo haya cinco o seis nativos muertos, y más de 24 policías?

SA: No creo en eso, nosotros que estábamos desarmados, cómo podemos matar a 24. No creo que todos nuestros hermanos se hayan escapado y por eso estamos preocupados para recuperar nuestros cadáveres.

Aunque en mi comunidad Nazareth, en otras como Wawas y La Curva todos ya han retornado, nos preocupada los hermanos de Santiago, Nieva y Cenepa porque hay 85 que aún no regresan a sus pueblos.

También hay dos más que faltan en la comunidad de Tutungos. Yo sé quiénes faltan porque antes de salir a la protesta, 15 días antes del viernes 5, hice un registro de todos. De las cinco cuencas que dirijo salimos 2.600, además se sumaron 140 de la provincia de San Ignacio, de la región Cajamarca, y 1.006 de la comunidad de Paután del distrito de Nieva en Amazonas. En total, éramos más de 3.600.

IPS: El presidente Alan García ha calificado de genocidio la muerte de los policías a manos de los nativos y de salvajismo extremo, ¿qué tienen que decir al respecto?

SA: Que nos sentimos marginados y también indignados sobre todo después de haber perdido tantas vidas de los hermanos indígenas y los hermanos policías que nada tienen que ver con nosotros. Ellos no tienen la culpa, la orden la dio el gobierno central.

El presidente dice que ha sido por la influencia de otros países, eso es falso. Si hubiese sido así, hubiésemos estado armados, nosotros somos gente humilde y con estas palabras el gobierno nos maltrata, esperamos que reflexione y derogue los decretos que hoy sólo se mantienen por el capricho del gobierno que ha provocado este conflicto entre los wampis-aguajún y los policías.

IPS: El gobierno asegura que ustedes se oponen al progreso, ¿cómo entienden ustedes el desarrollo?

SA: No rechazamos el desarrollo, queremos el progreso, pero hace tiempo nos han separado como si perteneciéramos a otros países, no nos han tomado en cuenta. No nos han traído el desarrollo agrario ni económico con sus propuestas.

El país ha cometido un grave error al elegir a Alan García por segunda vez. Con su política, pretende tratarnos como terroristas. Le repito, no rechazamos el desarrollo sino que esto no puede ser pensado sólo desde los hombres de corbata del gabinete de ministros sino considerando la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169 de la OIT y la Constitución.

Nosotros desconocemos el tipo de desarrollo que nos ofrece el presidente, porque no es sostenible y atenta contra la Amazonia que es patrimonio de todos. Por eso, si el gobierno insiste en marginarnos y en no derogar los decretos, ya no vamos a bloquear carreteras sino vamos a poner nuestro hito (límite) para establecer hasta donde las autoridades puedan ingresar en nuestros territorios.

IPS: ¿Qué representa el territorio indígena para ustedes?

SA: Nuestro territorio es nuestro mercado, nuestra madre. Nosotros no tenemos supermercados como las grandes ciudades sino que tenemos que recorrer dos o tres días para cazar animales y buscar nuestra comida en el bosque. Todo lo que necesitamos para nuestra sobrevivencia está ahí. Por ello es que lo defendemos con nuestras vidas.

Fuente: IPS

Ignacio Ramonet: "El latifundio de la información es una excelente metáfora"

Entrevista a Ignacio Ramonet, director de la edición en castellano de Le Monde Diplomatique

Los grandes consorcios de comunicaciones en América Latina se han convertido en un Leviatán que amenaza la gobernabilidad democrática de países con Ecuador, Nicaragua, Venezuela o Bolivia. Esta es la opinión de Ignacio Ramonet, director de la edición en castellano de Le Monde Diplomatique. Pablo Gámez-Cersosimo conversa con él.
Los gobiernos latinoamericanos se interesan en la propuesta de Ecuador de crear un organismo que se encargue de vigilar a los medios de comunicación del continente.

Los últimos dos años en Ecuador se han caracterizado por un pulso entre Rafael Correa y la prensa local, lo mismo que ocurre en Venezuela, donde el presidente Hugo Chávez está ahora enzarzado en un enfrentamiento con Globovisión, el único medio audiovisual que no es complaciente con el Gobierno desde que no renovó la licencia a RCTV, en 2007.

Correa ha anunciado que cuando se haga cargo de la presidencia "pro témpore" de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), propondrá crear un organismo que se encargue de vigilar a los medios de comunicación de la región.

El presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Enrique Santos, dijo en La Paz que esa "inquietud es realmente muy preocupante" y es una actitud "agresiva" de esos dos Gobiernos contra la prensa.

Chávez exigió a las autoridades de diferentes poderes del Estado, incluido uno de sus ministros, el responsable del ente regulador de las telecomunicaciones, que actúen contra medios de prensa que a su juicio "envenenan" al país.

Esta declaración se suma a la situación de Globovisión, al que se le han abierto tres expedientes por el tratamiento que da a las informaciones y puede ser sancionado con el cierre durante 72 horas o la retirada de la concesión por "reincidencia".

En el caso de Bolivia, el gobierno de Evo Morales mantiene un fuerte enfrentamiento con los medios de comunicación nacionales hasta el punto de que sólo convoca a los corresponsales extranjeros a sus conferencias de prensa.

Morales sostiene una querella contra el diario paceño La Prensa por una información que le vinculaba con un caso de contrabando.

De acuerdo con la SIP, en Nicaragua se percibe "preocupación" y "alarma" por el deterioro de la libertad de prensa y expresión en el Gobierno de Daniel Ortega.

En Colombia, la prensa ha denunciado que es víctima de escuchas por parte de funcionarios del Gobierno del conservador Álvaro Uribe, y en Argentina que los medios reciben críticas del Gobierno y son presionados por el Fisco.

Para Ignacio Ramonet, autor de Un Mundo sin Rumbo o La Golosina de la Información, también director de la edición en castellano de Le Monde Diplomatique, los grandes consorcios de comunicaciones en América Latina se han convertido en un Leviatán que amenaza la gobernabilidad democrática de países con Ecuador, Nicaragua, Venezuela o Bolivia.
La entrevista es de Pablo Gámez-Cersosimo

Radio Nederland: Un nuevo término se escucha en América Latina: el latifundio de la información o terrorismo mediático. ¿Percibe Vd. que existe un latifundio de la información en América Latina ?

Ignacio Ramonet: Es una excelente metáfora porque resume un caso general y una especificidad latinoamericana. En el sentido que en muchos países, de Europa y otros continentes, se ha generalizado el modelo del grupo mediático. De una empresa que se constituye como un grupo, con una serie de empresas integradas mediante fusiones, concentraciones en las que se encuentran empresas de la prensa escrita, radio, televisión, internet, de la edición, del ocio, cine, etc. Estos grupos son la gran característica de la industria mediática de hoy. En el caso de América Latina se produce esa especificidad, porque estos grupos mediáticos pertenecen a un pequeño grupo de familias. En cierta medida, las mismas familias que tradicionalmente han dominado la vida económica del país y que históricamente son familias ligadas a la gran propiedad, lo que daba el poder económico hasta hace algunos decenios. Hablar de latifundios mediáticos indica la superficie enorme que estos grupos cubren, y el carácter de pequeña familia que poseen. Recientemente estuve en Venezuela. ¿ Sabe Vd. que allí hay familias que poseen hasta 400 mil hectáreas de terreno? De igual manera en muchos países de América Latina las familias tradicionalmente poseen prensa escrita, radio, televisiones. En algunos países estos grupos controlan la vida económica. Vea el caso de México: el grupo Azcárraga o la familia Slim, las cuales controlan amplios sectores de la vida mediática.

R.N.: En realidad no es tampoco un fenómeno nuevo, solamente que ahora asoma su cabeza en el momento en que Latinoamérica conoce de gobiernos progresistas como el de Ecuador, Venezuela, Paraguay o El Salvador. ¿Se está convirtiendo el cuarto poder en un enemigo de estas democracias progresistas?

I.R.: En una democracia, cuando un solo sector tiene demasiado poder, en cualquiera de los aspectos de la vida, pero sobre todo en la vida económica y mediática, es obvio que se crea un desequilibrio. Porque la economía es determinante, y los medios controlan la mente, hacen la opinión pública, por lo tanto, influyen en la democracia. Si algunas familias tienen a la vez una parte importante del poder económico y mayoritaria del poder mediático, se está creando una fuerza que va a oponerse a cualquier reforma que esté destinada a repartir mejor. La democracia, recuerde, es repartir: la palabra, el voto, la decisión. Sin este proyecto distributivo no existe la democracia, sería una pura apariencia como ha venido sucediendo en América Latina durante decenios.Democracias que no tenían traducción económica, social, cultural, política. Evidentemente eran falsas democracias o democracias fragmentadas. Este sector mediático y económico, hoy en día, se opone de tal manera que constituye el principal grupo opositor. Mire: en Bolivia el grupo animador de la resistencia al presidente Evo Morales son los medios que pertenecen a unas cuantas familias.

R.N.: ¿Entonces conviene el término "latifundio de la información"?

I.R.: Así es. El latifundio de la información no es una definición científica, es una metáfora que está bien reflexionada. En Europa, por ejemplo, ya no quedan latifundios. Hubo reformas agrarias en particular después de la Segunda Guerra Mundial, lo mismo sucedió en Asia, por ejemplo. Reformas que permitieron la dislocación de los latifundios familiares. Ahora lo que tenemos, sí, son grandes empresas. En América Latina no ha habido reformas de este tipo, por eso menciono la agraria, porque es el corazón de todo lo demás. De igual manera, una reforma mediática supone que haya otras fuentes de información; que estas fuentes no estén controladas por el sector privado o empresarial; que no haya solamente el Estado, el cual en este momento intenta constituir un sector público. Y lo hace legítimamente, porque se trata de crear un contrapoder al poder empresarial mediático. Hay una reacción de crispación por parte de los empresarios dueños de los medios, que constituyen un verdadero frente de ofensiva contra todo proyecto reformista. Si no se cambian las cosas en América Latina, seguiremos teniendo sociedades profundamente desiguales.

R.N.: ¿Y parte de esta desigualdad obedece a la desinformación que viene operando?

I.R.: El proyecto ideológico de los grupos mediáticos consiste en tener un discurso de apaciguamiento social. Globalmente consiste en decir a aquellas personas que objetivamente tendrían motivos para protestar, que están viviendo en el mejor de los mundos. Por consiguiente, el proyecto ideológico de los medios dominantes busca disimular la dominación, que es natural que exista toda una serie de injusticias ( es natural que haya analfabetismo, que clases desfavorecidas tengan que sufrir desde el punto de vista de la salud pública ). En cierta medida es un discurso de desmovilización.

R.N.: Parece que hemos llegado a una situación límite y ahora el presidente Rafael Correa propone la creación de un órgano dentro de la UNASUR que proteja a los gobiernos latinoamericanos de los "atropellos" de la prensa del continente. ¿Es factible crear un órgano de esta naturaleza?

I.R.: Depende de lo que se entiende: si es un órgano judicial, un instituto, un tribunal. La sugestión que hace el presidente Correa traduce bien lo que hemos dicho: que estos gobiernos legítimamente elegidos y que están llevando a cabo el programa por el que han sido elegidos ( y lo hacen con relativa prudencia, sometiéndolo a referendos ) sienten que el principal adversario que tienen es un grupo que no ha sido elegido democráticamente, que tiene un enorme poder resultado de una situación de facto. Segundo: ese grupo de dueños de los medios dominantes en América Latina invoca el atentado de la libertad de expresión ( y que nadie amenaza. Todas las reformas que se llevan a cabo en Venezuela, Ecuador, Bolivia y otros países del continente se consumen dentro de un marco democrático, de economía de mercado, de voluntad de integración ) y encuentra aliados a escala internacional. Entonces se abre un frente de distorsión, difamación, deformación de las políticas que están llevando a cabo esos gobiernos. Yo entiendo la proposición del presidente Correa como el llamado de dirigentes políticos que se sienten acosados por grupos que no tienen legitimidad democrática. La libertad de expresión es un imperativo categórico en democracia, pero estos grupos no tienen legitimidad democrática. Por consiguiente no pueden llevar una política sistemática de acoso y derribo de gobiernos. Hemos visto cómo El Mercurio llevó a cabo una campaña en 1973 para derrocar a Allende; La Prensa en Nicaragua llevó a cabo una camapaña para derrocar al gobierno sandinista, democráticamente elegido. Hay precedentes y hay ejemplos. Por otra parte, la idea de Correa, si se traduce en la creación de un órgano constituido por "sabios" y que den su opinión, que lean la ley ( la ley existe, pero hay que interpretarla ), no es algo descabellado. En Francia, para todo lo que toca el funcionamiento de la t.v. hay una alta autoridad que regula su funcionamiento, la expresión política en ese medio, la expresión moral ( emisiones no aptas para menores, mostrar o no ciertas imágenes ), una ética de la representación. Eso existe y nadie pone en duda que Francia es un país democrático. En Francia, los presidentes de los canales de la t.v pública los nombra el Presidente de la República, a dedo. La idea de Correa no debe ser aislada diciendo que se trata de un capricho y que no quiere que los medios critiquen lo que hace. Existe un verdadero problema y la proposición de Correa se dirige a cómo encontrar, en el marco de la democracia, un órgano que dé su opinión, para que no haya solamente la confrontación Estado-medios privados. Podríamos imaginar una especie de autoridad mediática, neutral y objetiva, que vele por una relación sana entre el Estado y la prensa.

R.N.: Tuvimos en América Latina dictaduras y las históricas oligarquías, caudillos y próceres. ¿ Pero nos estamos acercando a una dictadura mediática?

I.R.: No lo creo. Nos estamos alejando de esta posibilidad. Lo que es nuevo en América Latina es la creación y desarrollo de un sector público de la t.v y la radio en particular. Se ha desarrollado un sector público de la televisión en Venezuela, Brasil, Argentina, Bolivia, Ecuador. Esto es lo nuevo: que los Estados hayan entendido que el monopolio mediático del sector privado no es sano en un país que procede a cambios, cuando el conjunto de los medios se siente atacado por esos cambios. Nuestras democracias europeas son más veteranas que las latinoamericanas, y aquí funciona bien el sector público de los medios. El sector público nunca ha sido la expresión del gobierno; el sector público de la información en los países democráticos no es solo la expresión de las autoridades, es un sector que no depende de la publicidad ni del beneficio del comercio, que no está obsesionado con la voluntad de ganar audiencia a toca costa, que puede ir más al fondo, hacer programas culturales. El ciudadano debe tener la posibilidad de elegir, hasta en Estados Unidos existe. Mi sentimiento es que nos estamos alejando de la posibilidad de una dictadura mediática, y creo que porque nos estamos alejando de ella, es lo que irrita profundamente a los grupos privados mediáticos latinoamericanos.
Fuente: Radio Nederland

Amy Goodman: La responsabilidad de un periodista es dar voz al que no la tiene

La estadounidense Amy Goodman, que está al frente del programa de radio y televisión «Democracy Now!», ha sido elogiada por Michael Moore, Susan Sarandon y Noam Chomsky, entre otros, y ya es un referente para los ciudadanos que plantan cara a los excesos de las grandes corporaciones y de la Administración Bush.

Lo que más sorprende al llegar a la vieja estación de bomberos desde la que se emite el programa que dirige Amy, Democracy Now!, es la escasez de recursos. Viejas cámaras Sony PD 150, ordenadores portátiles como única herramienta de edición, y libros y revistas por todas partes, montañas de publicaciones entre las que se abren paso los redactores debido a la falta de espacio. La misma Amy, que llega a las siete de la mañana vestida de negro, con el cabello mojado y un café de Starbucks en la mano, se maquilla a sí misma frente a un espejo con la luna rota.

En contraposición, deslumbra el entusiasmo de la decena de voluntarios que trabajan en la redacción, la pasión con que debaten los contenidos que se van a emitir, y el hecho de que, con veintidós millones de espectadores, Democracy Now! supere en audiencia a muchos de programas de las grandes cadenas como NBC o Fox.

A las ocho de la mañana el realizador emprende la cuenta atrás desde el control y, cuando el cámara baja el brazo, Amy presenta el programa: «Bienvenidos a una nueva edición de Democracy Now!».

A lo largo de la emisión entran en antena activistas sociales, expertos en terrorismo, profesores universitarios. Amy es sincera, directa, mordaz. Afirma que los Estados Unidos están padeciendo las consecuencias de sus acciones pasadas, eso que ella llama «efecto bumerán». «Rumsfeld armó a Saddam Hussein para que luchara contra los iraníes. Reagan puso en pie de guerra a los muyahidines en Afganistán, entre los que estaba Osama Bin Laden, para que lucharan contra los soviéticos. Y ahora todos estos errores no están volviendo», explica a la audiencia

En un país en que la mayor parte de los medios de comunicación son propiedad de seis grandes corporaciones, la emisión de Democracy Now! es un soplo de aire fresco, de libertad, en un medio tan dominado por intereses ajenos a lo que debería ser el verdadero periodismo según la concepción de Amy.

Una vez terminado el programa, Amy responde a los llamados de los oyentes. Su programa vive de las donaciones de la audiencia, lo que le da mayor independencia informativa.

A las diez de la mañana nos acercamos a un viejo restaurante estilo años cincuenta situado también en el barrio chino de Manhattan. Mientras pedimos café en la barra, una anciana, que lleva bajo el brazo un ejemplar del New York Times, se acerca a felicitarla.

En su vida cotidiana Amy no es una mujer excesivamente demostrativa, pero sí cuando nos sentamos, cuando se enciende la grabadora y ve la oportunidad de hacer llegar su mensaje.

«El periodismo se encuentra entre quienes tienen poder y la gente de la calle. Debe servir para controlar a los poderosos y para dar voz a la gente ordinaria. Sin embargo, en este país, el periodismo responde solamente a los intereses de las grandes compañías. Ellas son las que dictan la información que reciben los espectadores. Por eso, un programa como el nuestro, hecho con tan pocos recursos, tiene una repercusión tan grande. La gente quiere saber la verdad, quiere que su opinión sea tomada en cuenta».

En 1991, Amy se encontraba en Timor Oriental tratando de dar voz a las víctimas de la opresión del gobierno indonesio. Junto a su camarógrafo encabeza una manifestación por los derechos humanos. Un grupo de soldados indonesios la golpeó brutalmente y luego terminó con la vida de más de 200 manifestantes. Este incidente sirvió para llamar la atención pública sobre el apoyo que el gobierno de los Estados Unidos estaba brindado a las tropas indonesias.

La cafetería en la que estamos se encuentra a pocas manzanas de la zona cero. El 11S Amy estaba en plena emisión de su programa cuando escuchó el impacto del segundo avión contra las torres gemelas. A pesar de que haber sido testigo directo del horror, desde el primer día se opuso a la guerra, no quería que la muerte de civiles inocentes fuera excusa para terminar con la vida de más personas.

En su programa emitió las imágenes de las víctimas de la guerra de Irak que pocos medios de su país se animaron a difundir. Ella cree que si a los estadounidenses se les hubiera permitido ver las consecuencias de los bombardeos, la guerra no habría durado ni una semana.

«En una entrevista a Aaron Brown, el director de la CNN, le pregunté por qué no emitían las imágenes de las víctimas civiles de los ataques. Él me respondió que esas imágenes eran de mal gusto. Yo le dije que la guerra es lo único realmente de mal gusto».

“A la gente se le vende una porquería y se la educa para que la use”

Roberto Di Cosmo, doctor en informatica y abanderado del software libre

El italiano Roberto Di Cosmo tiene en la mira a Microsoft y las grandes corporaciones informáticas. Intenta quebrar el discurso único que plantean para el desarrollo tecnológico. Y lo hace a través de su trabajo por el software libre, uno de los mayores instrumentos de crecimiento económico e industrial. Aquí explica su tarea y su visión sobre el poder y el negocio de la tecnología.

–Tanto en su artículo “Trampa en el ciberespacio” como en su libro Asalto planetario. El lado oscuro de Microsoft usted planteaba un escenario informático mundial de extremo control sobre la información de los usuarios, al lado del cual el Gran Hermano de 1984 parecía una broma. Hoy, a más de una década de haber escrito ambos textos, ¿cambió su visión?
–Ese escenario no cambió mucho. Pero la cantidad de información que nosotros pusimos bajo forma digital aumentó masivamente. Hoy se pueden saber un montón de cosas de otra persona. Y el tema de controlar todo no está sólo en Microsoft, que era la empresa que apuntaba a hacer eso hace diez años. La estrategia de ellos era muy clara, querían controlar los servidores, los clientes, las máquinas, los navegadores, todas las herramientas de Internet. Querían controlar todo eso por razones económicas, pero una vez que se crea un armatoste de ese tipo significa más poder. Y hoy en día la cosa se volvió más compleja porque hay más, está Google por ejemplo, con la diferencia de que ellos tienen un principio ético-moral, que dice “don’t be evil”, “no sea malo”, aunque eso no tranquilice demasiado, pero por lo menos da un poco de paz en relación con la gente de Microsoft, cuya divisa nunca fue “no sea malo”, sino “cague a todos los que pueda a condición de mantenerse primero en el mundo”. Ese tipo de situación es todavía más impresionante desde el punto de vista de la población que no toma conciencia de los peligros que implica dejar toda su información en red. Hay tantas cosas útiles, prácticas y cómodas, como Facebook, donde uno pone información, se contacta con amigos y termina poniendo la mitad de su vida ahí. Así son los sitios de redes sociales en general, no sólo Facebook. Y lo que pasa es que después eso tiene consecuencias. Está todo basado en una regla autoimpuesta de las empresas. Si uno decide irse de Facebook, YouTube o Flicker, ¿puede borrar sus cosas, bajar sus fotos? No. ¿Y cómo se hace para hacer desaparecer toda esa información que uno ya no quiere que esté online? No se sabe. Una vez que se ponen las cosas ahí, después no se sacan nunca más. No sé si acá llegó, pero en Norteamérica y en Europa ya hay reportes de gente que empieza a tener problemas porque, por ejemplo, cuando se van a presentar a una empresa para que los reclute, los buscan en Internet y encuentran todas sus páginas y miran todo lo que hizo esa persona, y capaz no les gusta lo que ven y no le dan trabajo, y eso es muchísimo más eficaz que pagarle a un detective privado. Todavía no hay sensibilidad para eso, que es un problema real de seguridad. Pero con respecto a hace diez años, en algunas cosas sí hubo mejoras. Porque yo pensaba que no había manera de salir del monopolio de Microsoft, porque tenían demasiado poder. Pero hoy en día se ven pruebas de que todo el movimiento de software libre se profesionalizó, entró en las empresas, creó infraestructura. Y eso (el software libre) está basado en un principio completamente opuesto al de la empresa tradicional. Eso da un poco de esperanza, pero no tranquiliza acerca de la seguridad de la información. Se tiene que volver una prioridad industrial mantener la confidencialidad de la información personal, dar la posibilidad de borrar las cosas que uno no quiere que circulen más.

–¿Por qué si está tan probada la vulnerabilidad de un programa como Windows sigue siendo el sistema operativo más utilizado?
–El hecho de que hay productos de software que son una porquería, que los vendan caro y que no se pueda elegir otra cosa, no es un problema tecnológico, es un problema económico de mercado. El teclado que usamos hoy en día, el Qwertyw, en su origen era para que las chicas que tipeaban hace doscientos años pudieran ir más lento porque si no se trababa la máquina, entonces eligieron esa disposición de las teclas. Buscaron la disposición del teclado más innatural, la que atrasa más cuando se tipea. ¿Hoy en día tiene algún sentido? No, hoy esta computadora (dice señalando su notebook) podría resistir a un superhéroe que tipeara quinientas mil palabras por minuto, pero sigue eso así porque fue un estándar impuesto por reglas de mercado, por la mala tecnología de la época, porque no sabían hacer máquinas de escribir bien, entonces trabaron al usuario y después el usuario a fuerza de educarse para usar una cosa mala se quedó con eso. Casi todo el mundo tiene Windows, trabajan lento, le llenan de cosas la computadora y después les venden tres antivirus. El hecho es que a la gente se la acostumbra así, se le vende una porquería, se la educa para que use esa porquería, y de esta manera se tiene un mercado alrededor de la porquería y eso no se destraba fácilmente. ¿Por qué uno no se puede sacar de encima los productos de Microsoft? Porque cuando compra una PC viene con el Windows, y aunque no lo quiera lo tiene que pagar. Pero eso no es un problema tecnológico, sabemos hacer cosas mucho mejores. El problema es cómo hacer para que la gente cambie de cosas que son tecnológicamente malas a cosas que son tecnológicamente buenas. En Francia hace diez años que peleamos de varias formas, muchas veces se termina en juicios que de a poco las asociaciones de usuarios van ganando. Acá en Argentina, en la época de la crisis de 2001-2002, con la devaluación del peso, instalar el Windows en una máquina y cobrarlo salía carísimo. Entonces se abrió una posibilidad de mercado para que se instale un Linux (sistema operativo software libre, alternativo a Windows, que se desarrolló en diversas distribuciones, que son variedades del mismo programa), que lo hace una empresa que se llama Pixart, y ellos aseguraban que cuando se compraba la computadora todo funcionara con el Linux. Si la gente lo usa, después se puede hacer formación, crear programas, productos, cosas autónomas, y te liberás de ese desastre.

–¿Y por qué no hay más casos como el de Pixart, que logró trabajar con los fabricantes de computadoras para que acepten venderlas con Linux?
–Porque Microsoft les dice a los fabricantes de computadoras: “Si instala Windows en todas sus máquinas, sin ninguna excepción, cada copia sale cincuenta. Pero si hay una sola máquina en la cual no se instala mi Windows, entonces cada copia sale cien. Además, si lo instala en todas, le doy plata en campaña de publicidad”. Con esas condiciones, al fabricante de computadoras, aunque tenga el veinte por ciento de gente que no quiere Windows, le sale más barato ponerlo en todos lados y bancarse a ese veinte por ciento de gente que no lo quiere y explicarles o mandarlos a la mierda. Todas estas modalidades no son para nada éticas y, de alguna forma, son ilegales. Hay juicios contra Microsoft en Estados Unidos y en Europa que terminaron en acuerdos, en los cuales Microsoft se comprometía a no hacer más eso, a no cobrar más diferenciadamente. Pero ¿quién controla eso? Por ejemplo, una de las empresas de mi grupo, que se llama Mandriva, edita una distribución de Linux en Francia, y como es francesa, obviamente tiene más entrada en la zona de Africa del norte, que es francófona. Los de esta empresa tenían que equipar unas netbooks (computadoras pequeñas de bajo costo) para educación en Nigeria. Los tipos participaron en una licitación pública, la gente de Microsoft también participó, e igual ganaron los de Mandriva. Vendieron miles de netbooks con Linux, hasta que de repente recibieron un llamado de la gente de Nigeria diciéndoles: “Cambiamos de idea, así que les vamos a pagar todas las máquinas que ya nos llegaron instaladas, pero a partir de ahora vamos a reformatear todo y vamos a poner Windows”. Entonces, el dueño de esa empresa puso un post en su weblog con una carta abierta a Steve Ballmer, el dirigente de Microsoft. Muy sutilmente le dijo que ellos habían ido a corromper al gobierno (de Nigeria). Se armó un lío tremendo y al final volvieron atrás y pusieron software libre por todos lados.

–Sin embargo todavía predomina el mito de que Linux es un sistema operativo para expertos.
–Eso es una mentira. Para doña Rosa puede haber sido difícil usar Linux hace diez años, pero no ahora. Instalar un Ubuntu (una distribución muy popular de Linux) es una cosa muy sencilla. Y en grandes empresas o en administraciones estatales la situación es aún más sencilla, porque en las computadoras de grandes organizaciones sólo se necesita instalar un número de software muy preciso y nada más, cualquier otra cosa que se instala, complica la existencia. En la policía militar de Francia decidieron hace dos años pasar de Office (el paquete de oficina de Microsoft) a Open Office (un paquete de oficina software libre). Y estos militares no son marxistas peligrosos, ¿no? Y ahora decidieron que también van a pasarse a Linux, evaluaron si el cambio afectaba algo en la modalidad de trabajo y vieron que no, por lo que no tenía sentido seguir pagando setenta mil licencias de Windows, una para cada máquina. Esa fue una decisión técnica, no política.

–Todavía impera una idea algo romántica en torno del software libre. Se supone que quienes usan o desarrollan este tipo de tecnología forman parte de una tribu anárquica que sólo trabaja por liberar la información del yugo del capital.
–Crear proyectos de software libre y tener éxito no es sencillo. Es algo difícil cuando uno solamente lo encara desde el punto de vista filosófico. Lo que funciona y tiene éxito, en general, tiene toda la comunidad alrededor. Pero esa comunidad no nace por generación espontánea. A veces a mí me hartan un poco esos sociólogos que vienen a estudiar el fenómeno del software libre y explican que esto es la nueva versión del marxismo porque la gente contribuye. Una vez escuché a un tipo que decía que Linux está desarrollado por miles de personas de manera completamente distribuida y cada uno escribe unas líneas, después se pone todo junto y mágicamente funciona, y esa es la inteligencia colectiva. ¿Ese señor habrá visto alguna vez en su vida una línea de código? Seguro que no. Porque el software libre es una cosa compleja. No se desarrolla de manera caótica, se crea con un equipo pequeño, al principio no hay comunidad. Ese equipo desarrolla una idea que poco a poco atrae interés y llega a una situación de comunidad alrededor de una base de código y con una estructura de gobierno del código muy importante, que puede ser variada, pero nada es anárquico, al revés, está muy bien estructurado, pero es una estructura en la que la gente puede participar sin depender de decisiones centrales del mando de una empresa.

–¿Por qué le parece importante que el software libre empiece a utilizarse en la administración pública?

–Los gobiernos lo que tienen que hacer es parar de decir que como ellos no entienden nada de tecnología o de computación, entonces van a ver en el mercado lo que hay y compran lo mejor de lo que les vende el marketing. Se tienen que dotar de conocimientos internos. El software que el Estado contrata para infraestructura neurálgica tiene que ser duradero, es decir, tienen que ser capaces de controlar ese software de acá a veinte años. Hubo un momento en que el Estado argentino no podía hacer más documentos de identidad porque la máquina que los editaba se la habían comprado a Siemens con su software y los de Siemens se fueron con todos los técnicos, y el Estado se quedó por meses sin documentos. ¿Cómo puede ser que pongan infraestructura fundamental del Estado en tecnología que depende de otros? En cualquier libro de administración, en el primer renglón dice: “No se depende de un proveedor único”. Y además la ventaja del software libre es que el pibe de un barrio de Buenos Aires puede tener el mismo nivel de competencia acerca de ese software que un ingeniero de una empresa norteamericana, porque tiene acceso al código fuente (con el que está hecho el programa).

–¿Cómo surge el Grupo de Trabajo sobre Software Libre que usted lidera en uno de los polos de competitividad que creó el gobierno francés? ¿Por qué el grupo está conformado por pymes, grandes empresas y universidad?
–El gobierno francés hace cinco años definió una política con una finalidad económica muy orientada, para la que se crearon polos de competitividad que tendrían tres patas: universidad, investigación y empresa. La idea era poner a esa gente junta para desarrollar tecnología de primer nivel para que esa tecnología llegue a crear y agrandar mercado, y desarrolle la economía de un territorio. Para que eso funcione se necesita investigación que traiga ideas nuevas, universidades que formen los recursos, y también se necesitan las empresas que lleven esas ideas nuevas a productos que lleguen al mercado con una estrategia empresarial. Pero tienen que tener una visión, porque si la única visión del empresario de la pyme es ver cómo llega a fin de mes y no tiene una visión a largo plazo, se va a fundir. El grupo nuestro, que es de setenta miembros, tiene una visión. Se necesita un poco de estabilidad cuando se crea una estructura de este tipo. Nosotros tenemos reuniones cada mes, tenemos una estructura fija, hay como trece personas trabajando a tiempo completo para animar ese polo de competitividad, donde nosotros (el grupo de Software Libre) somos sólo una fracción. Armamos convenciones internas, le pasamos información a la gente, hacemos reflexiones estratégicas a largo plazo, y eso no se hace a la noche en el tiempo que sobra, es necesario gente profesional que lo haga, y es más fácil conseguirlo si se tiene a alguna de las grandes empresas estables que no dependen de qué pasa mañana en la bolsa. Pero esas empresas tienen que saber coordinar y orientarse con todo el tejido de pymes y universidad, tener lo que nosotros en Francia llamamos vocación de servicio. Lo que me sorprendió es que la gente que está en ese polo tiene una visión de país.

–¿De qué manera la interacción entre estos actores puede tener incidencia en el sistema productivo?
–En las actividades de software libre se creó mucho empleo, se necesitan recursos en segmentos de mercado muy distintos. Para ganar plata en el mundo del software, en general, hay dos grandes opciones: el mercado masivo o nichos de mercado. Los nichos de mercado no son algo negativo, sino simplemente que se tienen pocos clientes, muy especializados, pero con muy alto valor adquisitivo. Por ejemplo, unas de las empresas que están en el grupo nuestro trabaja en el sector de seguridad y de aviación. El mundo de la aviación es un nicho porque no hay muchos fabricantes de aviones, pero esa gente tiene exigencias muy altas de calidad de software y están dispuestos a pagar mucho. Lo que se vende es el conocimiento profundo de ese componente de software libre que necesitan. Ellos no se quieren convertir en desarrolladores, necesitan gente que les haga soporte, les dé garantías, exactamente lo mismo que con el software propietario, con la ventaja de que siendo software libre no se quedan atrapados, porque con ese software pueden hacer lo que quieren. En cambio, el mercado de masas tiene una estructura completamente distinta. En el mercado de masas el control de la cadena de distribución es fundamental. Acá, en Argentina, la gente de Pixart apuntó al mercado de masas. Y la razón por la cual Microsoft tiene un juego fácil en intentar eliminarlos si quiere, es que ellos sí tienen el control sobre el canal de distribución.

lunes, 11 de mayo de 2009

300 mil mineros realizan paro

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